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Déjala decidir

 

El Aborto por violación sexual en debate

Texto y fotos: Crissthian Manuel Olivera Fuentes

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El proyecto y sus alcances

Mediante conferencia de prensa el pasado 13 de octubre se presentó en el Congreso de la República de Perú el proyecto de Ley 3839/2014-IC, iniciativa ciudadana que ha recabado 100 mil firmas y que permitiría la despenalización del aborto por violación sexual y por inseminación artificial no consentida.

La propuesta, denominada “Ley que despenaliza el aborto en los casos de embarazos a consecuencia de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidas”, fue acogida por congresistas como Rosa Mavila, Verónica Mendoza y Carlos Bruce, aunque se sabe que Renzo Reggiardo, Luisa Cuculiza, Lourdes Alcorta y Leyla Chihuán también apoyan la iniciativa.

El proyecto ha sido promovido en el contexto de la campaña Déjala Decidir, iniciativa de la articulación feminista integrada por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, el Movimiento Manuela Ramos, Católicas por el Derecho a Decidir – Perú, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), Demus – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – Perú (Cladem Perú).

Sandra de la Cruz, vocera de la campaña, precisó que el proyecto responde a una problemática social a la cual “le estamos dando una salida en conjunto, la sociedad civil organizada está respondiendo con esta iniciativa ciudadana”.

El proyecto propone modificar los artículos 119º y 120º del Código Penal, que actualmente criminalizan el aborto por violación con penas menores pero que tienen un gran impacto negativo en lo que a políticas públicas respecta, ya que, siendo un delito, es imposible que las mujeres accedan a información, apoyo y servicios.

Bruce sostuvo que “cuando se trata de abortos como consecuencia de las relaciones sexuales consentidas yo personalmente estoy en contra. Pero aquí estamos hablando de una mujer violada, es decir, usando la fuerza, una experiencia realmente traumática y salvaje, ahí sí estoy totalmente de acuerdo que la mujer tiene que tener la libertad de decidir. Nadie está diciendo que lo haga o no lo haga, sino que decida de acuerdo a su posición moral, a su situación psicológica, a sus principios”.

Por su parte, Mavila defendió el proyecto en virtud de la legitimidad que le da el respaldo de la ciudadanía. Ella sostuvo que “Hay quienes piensan desde la iglesia tradicional que la mujer violada tiene que cumplir un deber de maternidad y hasta en la ciencia penal esa argumentatividad ya está aislada porque el aborto de la mujer que ha sido violada es un acto que en doctrina se llama supererogatorio, ¿qué significa esto?, que es un acto que está más allá del deber. A nadie se le puede imponer como deber el producir un hecho de maternidad que es producto de una agresión, contra la libertad que tenemos las mujeres de acceder a la maternidad por voluntad propia. Entonces aquí no hay de por medio un tema de moral ni de ética. En este proyecto de Ley hay un cuestionamiento previo a la propuesta de reforma del Código Penal, que contiene vigente el mantener como delito el aborto de la mujer violada, el mal llamado aborto sentimental, de sentimental no tiene nada, porque no es piedad lo que está de por medio, sino al contrario, una sobre victimización a alguien que ya fue víctima de una agresión sexual”.

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Presentación del proyecto de Ley en el Congreso por parte de congresistas Mavila, Mendoza y Bruce.

Violencia sexual en cifras

Según la parlamentaria Mavila, el 90% de los delitos contra la libertad sexual quedan impunes y solo se denuncia un 48% de estos casos, principalmente por la presión social y cultural de que estas violaciones deben quedar ocultas y es preferible no denunciarlas para evitarse el señalamiento y la estigmatización. Un dato que es alarmante y debiera llamarnos a la reflexión como sociedad es que el 42% de las mujeres violadas han sido ultrajadas en sus propios hogares.

Mavila, citando a organizaciones feministas, sostuvo que de 15 mil 625 denuncias que recibió el Ministerio Público por violación sexual el 2013, solo 925 recibieron defensa pública de oficio, es decir, de parte del propio Estado, lo que revela un grave problema de acceso a la justicia e impunidad en estos casos. A esto se suma que de los más de tres mil detenidos acusados de violación sexual, solamente entre 100 y 300 son sentenciados.

Estamos por debajo de países como Etiopía y Bangladesh, donde las violaciones crecen porque las menores son casadas antes de los 15 años. Es deshonroso que, como lo informa Diana Portal, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Perú ocupa el tercer lugar en el mundo entre los países con mayor prevalencia de mujeres entre 15 y 49 años que sufren de violencia sexual por parte de su marido”, reveló Mavila.

1 de cada 5 mujeres ha sido violada antes de los 15 años. 1 de cada 10 fue violada por la pareja. 8 de cada 10 denuncias corresponden a menores de edad. 9 de cada 10 embarazos de niñas es producto del incesto. Todas estas cifras son proporcionadas por el colectivo Déjala Decidir. Además, según la antropóloga Delicia Ferrando, anualmente se realizan en el Perú 370 mil abortos clandestinos, es decir, 5 de cada 10 gestantes abortan en las peores condiciones debido a la penalización y la falta de servicios seguros.

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Alfombra Roja en las escalinatas que conducen al Hall de los Pasos Perdidos del Congreso que alborotó al personal de protocolo y seguridad. La performance originada en Perú (y ahora en otros países como Bolivia) es una intervención ciudadana en el espacio público para llamar la atención sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Una oportunidad de cambio social

Para Susana Chávez, Directora General de Promsex, el proyecto expresa un cambio en la sociedad peruana y  por ende debe ser entendido como una oportunidad para modificar “aquellos rezagos todavía terribles que dan cuenta de la inequidad en que viven las mujeres. Apostemos por aquello que es lo más básico y éste es el pedido, para que ninguna mujer que ha sido sobreviviente, porque las que están vivas es porque no han sido asesinadas durante la violación, tenga además que sufrir un embarazo impuesto. Es un tema de conciencia, de ciudadanía, en el cual nosotros como sociedad civil estaremos atentas, vigilando pero también apoyando a nuestros congresistas que justamente apuntalen a estos cambios que necesitamos en el país”.
Ella señala que la discusión en el Congreso supone un escenario que necesitará de mucho convencimiento y superar enfoques restrictivos promovidos por los grupos fundamentalistas anti derechos, aunque confía en que, según se avance en el debate, se abran las puertas a mejores entendimientos.

La normativa señala que el Congreso tiene 120 días para debatir la iniciativa ciudadana, que fue ingresada formalmente al Congreso el 26 de septiembre pasado y que actualmente se encuentra en las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Constitución y Reglamento del Congreso.

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Feministas presentes en la presentación de la iniciativa ciudadana para despenalizar el aborto por violación sexual.

 

Lima, 01 de noviembre de 2014

 

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